La Sala II de la Cámara Criminal y Correccional Federal falló por tercera vez en favor del gobernador Juan Manzur en la causa “Qunita”. En esta última oportunidad, los camaristas de “Comodoro Py”, Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia, revocaron el procesamiento con un embargo de $ 440 millones que había dispuesto el juez federal Claudio Bonadio, e insistieron con la falta de mérito, declaración que indica que, por el momento, no hay motivos suficientes para agravar la situación del ex ministro de Salud de la Nación o para sobreseerlo. Irurzun y Bruglia ordenaron a Bonadio la producción de una serie de pruebas que, según el criterio del tribunal, resultan determinantes para inclinar la balanza para un lado u otro.
“Creo en la Justicia de mi país. Hay que dejar que la Justicia actúe. Siempre les dije que tengo la conciencia tranquila y que no hice nada que no corresponda. La Justicia finalmente nos dio la razón. Todos los funcionarios tenemos que estar ‘a requerimiento’ de ella”, dijo Manzur este martes respecto del fallo de Irurzun y Bruglia. La Sala II previamente había dejado sin efecto el primer procesamiento de Manzur dispuesto por Bonadio y, luego, había confirmado su sobreseimiento. Cuando ya parecía definitivamente desvinculado de la causa “Qunita”, el ex funcionario del gabinete de Cristina Fernández de Kirchner en el período 2009-2015 sufrió un revés en la Cámara Federal de Casación Penal. Un pronunciamiento de ese estrado jeráquicamente superior fue determinante para que Bonadio dictara el segundo procesamiento en abril, resolución que Irurzun y Bruglia “aligeraron” este lunes.
Los integrantes de la Sala II relataron las marchas y contramarchas del expediente penal iniciado para esclarecer las irregularidades advertidas en la licitación de productos destinados a niños recién nacidos de escasos recursos. Irurzun y Bruglia interpretaron que la sentencia de Casación había ordenado practicar una investigación respecto de Manzur y otros imputados, y que esta aún no había sido desarrollada por Bonadio.
El tribunal reiteró que, en relación con Manzur, el punto central de la pesquisa pasaba por determinar si la aprobación y posterior apertura de la licitación “a renglón único” (los numerosos productos del kit fueron adquiridos mediante un solo proceso) podía ser suficiente para implicarlo en la presunta maniobra delictiva. Luego de ese acto, Manzur renunció a Salud, y volvió a Tucumán para reasumir como vicegobernador y, después, como jefe de Estado provincial. El desarrollo del “Plan Qunita” quedó en manos del ex ministro Daniel Gollán, que, por los sobreprecios y restantes anomalías detectados, está a punto de enfrentar a un tribunal oral junto a otros ex funcionarios y empresarios acusados, como el ex jefe de Gabinete, Aníbal Fernández.
“No puede perderse de vista que a partir de lo resuelto por Casación, en tanto consideró prematuros los sobreseimientos dictados y ordenó proseguir la sustanciación de la causa, cobró vigencia la falta de mérito oportunamente dispuesta. Según aquellos lineamientos, el juez (Bonadio) debió profundizar la pesquisa a fin de disipar la incertidumbre que presenta. Por tal motivo, aparece conducente la realización de medidas tendientes a dilucidar la cuestión”, manifestaron Irurzun y Bruglia. Y aconsejaron al magistrado a cargo de la investigación la confección de un estudio que analice el diseño del pliego cuestionado -en especial, la utilización de la forma “a renglón único”- y la indagación de antecedentes que permitan establecer si la modalidad de licitación aplicada al “Plan Qunita” era habitual.
La revocación del procesamiento no está firme y, eventualmente, podría ser revisada por la Cámara de Casación, que, como se dijo, ya intervino en este proceso complejo. Su resolución dio lugar a las interpretaciones distintas de Bonadio, y de Irurzun y Bruglia: según el primero, estaría acreditado que la licitación fue direccionada desde el principio para que ganaran las empresas denunciadas. El “Plan Qunita” implicó un desembolso de $ 1.100 millones. Las cunas y otros accesorios terminaron siendo descartados por sus falencias de diseño y los riesgos que su uso acarreaba a la población. La decisión de “discontinuar” la entrega de los equipos fue tomada por el Gobierno de Cambiemos.
1 - ABRIL DE 2016
Horacio Rolando Cattani, Eduardo Guillermo Farah y Martín Irurzun, vocales de la Sala II de la Cámara Criminal y Correccional Federal, revocaron el procesamiento del ex ministro nacional Juan Manzur que había dispuesto el juez federal Claudio Bonadio en la causa “Qunita”. Según el tribunal, correspondía dictar la falta de mérito respecto de Manzur “por el momento” y mientras no surgiesen nuevas pruebas que acreditaren su participación en la presunta maniobra defraudatoria. Desde Estados Unidos, el mandatario provincial festejó la decisión (la decisión de Bonadio lo había convertido en el primer gobernador procesado de la historia de Tucumán).
2 - NOVIEMBRE DE 2016
Martín Irurzun y Eduardo Farah, vocales de la Sala II de la Cámara Criminal y Correccional Federal, confirmó el sobreseimiento del gobernador y ex ministro nacional Juan Luis Manzur (la resolución también benefició a otros denunciados en el “Plan Qunita”: Elisa Marta Gulberti, Carlos Alejandro Liz, Viviana María Cristina Bonpland y Alelí Claudia Pilar García). El fallo destacó que Manzur renunció a su cargo el 26 de febrero de 2015 y lo sucedió Daniel Gollán, quien ocupaba el cargo de Secretario de Salud: “la actuación (del mandatario) se circunscribió al inicio mismo del expediente, donde aún no se advertía direccionamiento de la licitación a favor de las firmas en cuestión”.
3 - MAYO DE 2018
Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia, vocales de la Sala II de la Cámara Criminal y Correccional Federal, volvieron a revocar el procesamiento con embargo de $ 440 millones del gobernador Juan Manzur y a dictarle la falta de mérito en el caso “Qunita”. Irurzun y Bruglia ordenaron al juez federal a cargo de la investigación, Claudio Bonadio, que practicara medidas de prueba que lograran determinar si la participación de Manzur en la aprobación y apertura de la licitación cuestionada era suficiente para considerarlo partícipe de la supuesta maniobra delictiva perpetrada con motivo de la adquisición de equipos para recién nacidos de escasos recursos.